En el ámbito del derecho administrativo, es fundamental comprender el concepto de contrato menor y su proceso de adjudicación. Los contratos menores son una herramienta de auténtica relevancia en la gestión de recursos públicos y permiten a las entidades administrativas adquirir bienes y servicios de manera ágil y simplificada para necesidades, como dice el nombre, de menor envergadura. Para que pueda conocer los detalles, los abordamos ahora mismo desde Escariz Abogados.
Legalidad de un contrato menor
Un contrato menor, según la legislación española, se define en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, como aquel cuyo valor estimado no supera los 40.000 euros en el caso de contratos de obras, o los 15.000 euros en el caso de contratos de suministros o servicios. Estos límites se refieren al valor total del contrato, incluyendo todos los conceptos, impuestos y gastos asociados.
La principal característica de los contratos menores es la simplificación de los procedimientos de contratación. Esto implica que las entidades administrativas pueden adjudicar directamente estos contratos a un proveedor sin tener que realizar un procedimiento de licitación público, como ocurre en los contratos de mayor cuantía. Sin embargo, esta simplificación no implica falta de control o transparencia.
Adjudicación de un contrato menor
La adjudicación de un contrato menor se basa en una serie de principios y requisitos que garantizan la legalidad y la eficiencia en la contratación pública. Estos son los pasos clave:
Identificación de la necesidad
La entidad administrativa debe determinar que la adquisición de bienes o servicios es necesaria y que el valor estimado no supera los límites establecidos por la ley para considerarse un contrato menor.
Elección del proveedor
A pesar de la simplificación, la elección del proveedor debe basarse en criterios objetivos, como la calidad, el precio, la experiencia previa y la capacidad técnica. La entidad puede solicitar ofertas a varios proveedores y seleccionar la más ventajosa.
Documentación del contrato
Aunque no se requiere un procedimiento formal de licitación, es esencial documentar el contrato, especificando los términos y condiciones, el precio y los plazos de entrega o ejecución. Y, por supuesto, a lo largo de la ejecución del contrato, la entidad administrativa debe supervisar el cumplimiento de los términos acordados y asegurarse de que se ajusta a la normativa vigente.
Los contratos menores deberían ser “excepciones” y no la norma
Desde Escariz Abogados, especialistas en contratación administrativa y servicios públicos en Vigo, destacamos también que los contratos menores no deberían utilizarse de manera sistemática para evitar los procedimientos de licitación pública en contratos de mayor cuantía. De hecho, la ley establece límites precisos para su uso y estipula sanciones en caso de abuso.
Esto último no quiere decir que los contratos menores no sean una herramienta útil en la contratación pública, que lo son. Solamente que deben ser utilizados como herramienta ocasional y no como un vehículo para sortear las licitaciones públicas. Desde nuestro despacho de abogados en Vigo, como especialistas en derecho administrativo, podemos ayudarte con cualquier duda o cualquier gestión referente a un contrato menor y su adjudicación. Solo tiene que contactar con nosotros.